Para el CERMI, "la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional en esta sentencia otorga un plus de protección jurídica a la imagen personal y social de las personas con discapacidad contra intromisiones ilegítimas o contra tratamientos que sin justificación informativa solo persiguen el escarnio o la mofa sobre la base de la discapacidad".

 

Este Comité entiende "justificada esta protección reforzada que otorga el Tribunal Constitucional haciendo operar los mandatos del artículo 49 de la Constitución española, dedicado a las personas con discapacidad, en relación con los derechos a la libertad de expresión y el de acceso a la información, ya que las personas con discapacidad, por su situación de discriminación estructural, están más expuestas a ver violados sus derechos humanos, comprometiendo su dignidad como personas".

 

El CERMI concluye que "los medios y los profesionales de la comunicación han de asumir y poner en práctica el valor de la diversidad humana que como señala el Tribunal Constitucional no es solo un mandato ético sino también una exigencia jurídica en una comunidad avanzada respetuosa de todos sus miembros".